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La legislatura de Florida sigue en la búsqueda por tomar acciones contra los casinos offshore y sin licencia, al igual que como está sucediendo en Michingan, Pensilvania y otros grandes estados del país. Esto a pesar del estancamiento de las medidas previas para limitar el funcionamiento de los casinos sin licencia a instancias de Tribu Seminole.
El proyecto de Ley 591: Un nuevo paso por la regulación
En los últimos días, los legisladores de Florida presentaron un nuevo proyecto de ley, el HB 591. Esta extensa propuesta, a pesar de encontrarse en sus primera etapas, representaría la reforma más completa a las leyes estatales del juego, ya que introduce, entre otras cosas, nuevos delitos criminales, sanciones para actividades no autorizadas y, por supuesto, la redefinición de estatutos ya existentes. El proyecto se enfoca principalmente en actividades en línea y tráfico de máquinas tragamonedas.
Frente a esta última modalidad de juegos, el HB 591 establece como delito grave de primer grado el tráfico de máquinas tragamonedas o sus componentes, acompañado de multas establecidas que oscilan entre los $100.000 y $500.000 dólares, dependiendo del volúmen de las máquinas.
Por otro lado, el proyecto busca analizar y revisar las reglas que componen la Comisión de Control de Juegos de Florida, lo que permitirá actualizar requisitos de clasificación para comisionados y aumentar el impacto autoritario del organismo en áreas vinculadas a operaciones en línea y tecnología.
Finalmente, y como una de las modificaciones más significativas, esta legislación buscaría definiciones más específicas tanto para ‘Juegos de azar en internet’ como para ‘apuestas deportivas en línea’, lo que mejoraría la efectividad de la persecusión de fiscales estatales.
¿Por qué no se incluyen a los casinos de la tribu Seminole?
Una de las particularidades del HB 591 es que no incluye a los casinos de la tribu Seminole. La razón de ello es un acuerdo firmado entre la tribu y el Gobierno de Florida, con el que los ingresos de juego provenientes de los 9 casinos físicos y empresas de juegos de azar ayudan a financiar diferentes proyectos del estado. El acuerdo está vigente desde el 2021; además, en el 2024 se firmó el Proyecto de Ley del Senado 1638 con el que, incluso, se asignan fondos de estos ingresos a proyectos ambientales.
Todo lo anterior se apoya en la aprobación de la Ley de Regulación del Juego Indígena en 1988, con la que la tribu seminole y otras tribus indígenas reconocidas pueden operar casinos legales en sus territorios.
En caso de que el HB 591 sea promulgado por el gobernador y aprobado en ambas cámaras legislativas, las modificaciones y adiciones que vienen con él entrarían en vigor a partir del 01 de octubre del 2026, con un periodo de implementación de aproximadamente 10 meses. Lo anterior daría el tiempo necesario para que los operadores en zonas grises evalúen las condiciones de su operación y busquen licencias apropiadas.
